Ambientalistas instan al gobierno Cubano que firme el Acuerdo de Escazú

GUARDABOSQUES – Este viernes, ambientalistas de la organización autónoma Guardabosques acudieron a los ministerios de Relaciones Exteriores y el de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, para que el gobierno de Cuba firme el Acuerdo de Escazú.

En sendas cartas dirigidas a estos dos organismos vinculados directamente a los posicionamientos del gobierno en la arena internacional en materia ambiental, Guardabosques les invitó a que adoptaran “una postura proactiva, a fin de lograr la firma por parte del gobierno cubano”.

El venidero 27 de septiembre, el instrumento regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales se abrirá para su firma por un período de dos años en la sede de las Naciones Unidas.

Aunque el gobierno de Cuba ha permanecido ausente de los debates y reuniones que se han desarrollado los últimos años para la creación de este trascendental Acuerdo firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, en la actualidad la isla ostenta la presidencia protempore de la CEPAL, organización que justamente ha llevado la Secretaría Técnica de todo ese proceso.

“Los ecosistemas cubanos, la población que forma parte de ellos, así como las instituciones, grupos, organizaciones, y personas que trabajamos en su protección, seremos beneficiarios directos de la implementación de este Acuerdo”, aseguraron los ambientalistas en sus misivas.

El Acuerdo de Escazú reconoce el derecho a un medioambiente sano y establece una serie de obligaciones de los Estados entre los que destacan:

• Reconocer los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar la implementación de estos derechos.
• Garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, agrupaciones y grupos que promueven la protección del medioambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.
• Realizar la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los Derechos de Acceso.
• Solicitar y recibir información que esté en poder de las autoridades correspondientes y saber de su derecho a impugnar.
• Establecer o designar uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, para la realización de mecanismos de revisión independientes.
• Garantizarque las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público, y difundan la información ambiental relevante para sus funciones.
• Establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes del aire,agua, suelo, y subsuelo, así como un registro de los materiales y residuos bajo su jurisdicción.
• Garantizar la participación en la toma de decisiones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente y la salud, garantizando la participación del público desde las etapas iniciales con información oportuna y plazos razonables.
• Contar con medidas para facilitar la producción de la prueba de daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable.
• Contar con mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas, y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.
• Establecer medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
• Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos, y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
• Tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger, y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Según las misivas, el derecho internacional brinda protección especial a los Derechos de Acceso porque son esenciales para la vida democrática, además de funcionar como catalizadores para la realización de otros derechos, pues resultan indispensables para lograr una buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, y una gestión pública inclusiva y participativa.

Guardabosques es un colectivo de la sociedad civil independiente cubana, y no posee un registro legal como tal, debido a las restricciones imperantes en el país para aquellas organizaciones que deseen resguardar su independencia y autonomía, y que promuevan una mirada crítica a determinadas políticas domésticas.

En su carta, preguntaron directamente si el gobierno de la isla firmaría y ratificaría el Acuerdo de Escazú, el cual entrará en vigor cuando sea ratificado por 11 países de América Latina y el Caribe.