Hoy, 5 de junio de 2019, Día Mundial del Medioambiente, el colectivo autónomo Guardabosques, organización ambientalista de la sociedad civil cubana, con doce años de acción y educación ambiental en la isla, insta nuevamente al gobierno de Cuba a suscribir y ratificar el Acuerdo de Escazú.

Como parte de la sesión 73 de la Asamblea General de la ONU en 2018, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Guyana, México, Panamá, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador y Guatemala firmaron el Acuerdo, y después se han sumando Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Haití, para llegar a la cifra de 16 naciones de nuestro hemisferio.

Se trata de un instrumento regional vinculante sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Derechos de Acceso) en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, bajo la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL.

El Acuerdo de Escazú permite materializar los principios de la Declaración de Río-1992, relacionados con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en obligaciones para los Estados, consagrándolos como Derechos Humanos.

Los ecosistemas cubanos, la población que forma parte de ellos, así como las instituciones, grupos, organizaciones, y personas que trabajamos en su protección, seremos beneficiarios directos de laimplementación de este Acuerdo, que fortalecerá la gobernanza ambiental con una perspectiva de Derechos Humanos, buscando actualizar la institucionalidad, y promoviendo la cooperación y elfortalecimiento de capacidades, directamente ligado a la implementación exitosa de los acuerdos  ambientales internacionales de los que Cuba es parte, así como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El Acuerdo de Escazú, al igual que nuestra Ley de Medio Ambiente, reconoce el derecho a un medioambiente sano, los Derechos de Acceso, y establece una serie de obligaciones de los Estados:

• Establecer el derecho de toda persona a vivir en un medioambiente sano, así como cualquier otro derecho humano.
• Reconocer los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
• Tomar las medidas necesarias para garantizar la implementación de estos derechos.
• Asistir a los grupos vulnerables.
• Garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, agrupaciones y grupos que promueven la protección del medioambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.
• Realizar la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los Derechos de Acceso.

Si se logra que Cuba se inserte en este instrumento regional, el Estado deberá garantizar el derecho delpúblico de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo cu control o custodia, lo cual es de gran utilidad para todos quienes trabajamos en la protección y educación ambiental.

Este ejercicio comprende:

• Solicitar y recibir información que esté en poder de las autoridades correspondientes y saber de su derecho a impugnar.
• Ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad.
• Ser informado del derecho a impugnar.
• El acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Por demás, el Estado deberá establecer o designar uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, para la realización de mecanismos de revisión independientes.

Garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público, y difundan la información ambiental relevante para sus funciones.

Los sistemas de información ambiental deden estar debidamente organizados, ser accesibles para todas las personas, y estar disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georeferenciados.

Establecerá un registro de emisiones y transferencia de contaminantes del aire, agua, suelo, y subsuelo, así como un registro de los materiales y residuos bajo su jurisdicción.

Asegurará y garantizará la participación en la toma de decisiones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente y la salud, garantizando la participación del público desde las etapas iniciales con información oportuna y plazos razonables.

Para garantizar el Derecho de Acceso a la justicia en temas ambientales, el Estado deberá contar con:

• Órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental.
• Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales, y sin costos prohibitivos.
• La posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar, o recomponer daños ambientales.
• Medidas para facilitar la producción de la prueba de daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable.
• Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan.
• Mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado rpevio al daño, la restauración, la compensación o el apgo de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas, y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Por demás, cada Parte establecerá:

• Medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
• Medio de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo.
• Mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan.

Por último, y de vital importancia, el Estado deberá garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos, y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Debe tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger, y promover todos los derchos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Como vemos, se trata de un instrumento que nos plantea importantes retos, y nos conmima a realizar transformaciones profundas tanto en nuestros instrumentos legales, como en nuestra institucionalidad.

Es vital que el gobierno cubano firme para iniciar un proceso cuyo enfoque no es la sanción, sino la prevención y el fortalecimiento de capacidades para potenciar canales de participación ciudadana, que profundicen las estructuras democráticas, permitan el diálogo social, eviten la conflictividad, y posibiliten la elaboración de políticas de desarrollo con justicia ambiental que reflejen los intereses de la sociedad.