Cuba al frente de la CEPAL: ¿y los Derechos de Acceso?

Isbel Díaz Torres

GUARDABOSQUES – Desde el 7 y hasta ayer 11 de mayo, La Habana acogió el 37 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo del cual la isla caribeña comenzará a ejercer la Presidencia Protempore.

El encuentro de alto nivel contó con la presencia de su secretaria ejecutiva, la mexicana Alicia Bárcena, mientras que por la parte cubana han estado presentes los ministros de Salud Pública Roberto Morales, y el de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca.

En los últimos tiempos la CEPAL se ha enfocado en apoyar a los países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En ese sentido, tiene un área de difusión de buenas prácticas en producción estadística y coordinación interinstitucional para el monitoreo y reporte de estos ODM en nuestra región.

Por ejemplo, se encarga de llevar a cabo revelamientos en los países miembros para evaluar las tasas de pobreza, indigencia y verificar si dichos países cumplen con los objetivos del milenio.

Sin embargo, a pesar de que Cuba es país miembro desde 1948, no es posible contar con tales indicadores públicos de pobreza o indigencia, a la hora de intentar describir la situación social de la isla. Sociólogas y antropólogas hacen valiosas investigaciones (pienso en los excelentes libros “Familia y pobreza en Cuba” de María del Carmen Zabala, o en “Desarrollo, desigualdad y políticas sociales” de Mayra Espina), pero la supuesta excepcionalidad de Cuba siempre sale a flote.

Dudo mucho, por demás, que durante su presidencia los funcionarios cubanos hagan el más mínimo esfuerzo para implementar tales indicadores acá.

Pero lo que me preocupa, como ambientalista, se relaciona más con el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y los Derechos de Acceso.

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Así reza ese Principio, a partir del cual se ha trabajado para la creación de un instrumento regional con el fin de mejorar los Derechos de Acceso. Se ha desarrollado un proceso abierto en el que hasta la fecha se han sumado 20 países de la región, buscando la promoción de un acuerdo ambicioso, alcanzable, y responsable, reflejando los aportes de expertos de la sociedad civil de la región, en conjunto con el público general. Los objetivos se enfocan en asegurar que a la Declaración del Principio 10 se le dé un seguimiento con el compromiso político de los países de la región a trabajar en la reforma y mejoramiento de la transparencia, la participación pública y el acceso a la justicia.

El Plan de Acción tiene un mecanismo para incluir la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración del instrumento, y parece ser que ese es justamente el elemento que cohíbe a naciones antidemocráticas a sumarse. Es el caso de Cuba que, a pesar de ser miembro de la CEPAL (que ostenta la Secretaría Técnica para este proceso), ha estado ausente desde el inicio.

¿Hablaron del tema ayer, cuando tuvo lugar el diálogo de cancilleres en La Habana? ¿O la agenda 2030 de las Naciones Unidas es solo un lema que repiten en las ceremonias? ¿Ese “enfoque integral para lograr el desarrollo” que tanto refieren las partes cubanas comprende en sí los Derechos de Acceso?

El derecho internacional brinda protección especial los Derechos de Acceso porque son esenciales para la vida democrática, además de funcionar como catalizadores para la realización de otros derechos, pues resultan indispensables para lograr una buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, y una gestión pública inclusiva y participativa.

Los Derechos de Acceso son esenciales para luchar por un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. De esta forma, el Acceso a la Información no es solo fundamental para proteger el derecho a la vida y a la seguridad en casos de degradación del ambiente, sino también para garantizar políticas ambientales sostenibles mediante una toma de decisiones fundamentada, inclusiva y participativa.

Por su parte, el Acceso a la Justicia es fundamental para salvaguardar los derechos a la Información y a la Participación en los asuntos ambientales. Así, los 3 Derechos de Acceso se erigen en elementos indispensables e indisociables para lograr la realización de otros Derechos Humanos.

Por supuesto, tendríamos que contar con un gobierno interesado en la promoción de los Derechos Humanos, cosa difícil de encontrar en este planeta, y mucho más en esta isla del Caribe. Y con una CEPAL con Cuba como presidente protempore por dos años, será casi imposible.